Batalla por Santurbán continúa

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, archivó la solicitud de evaluación del proyecto de la empresa Minesa, quien busca el licenciamiento ambiental del Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales en Soto Norte Santander, para iniciar según sus proyecciones actividades de explotación aurífera en el 2021 en Colombia.

La noticia que generó respuestas diversas y  que entre otras, pide una decisión de fondo basada en los vacíos informativos de la empresa según lo afirma la misma autoridad ambiental, deja abierta la puerta para que Minesa apele a la decisión y solicite una nueva evaluación del estudio de impacto ambiental, necesario para que la ANLA pueda otorgarle licencia al proyecto.

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Natural Press recogió varias opiniones desde la mirada ambiental sobre la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes analizaron lo que viene para el proyecto y las conquistas de las comunidades en su trabajo por defender la alta montaña en Santander y la producción de agua de esta región del país.[/vc_column_text][vc_single_image image=”10160″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]Se ganó una batalla, pero sigue la guerra afirma el experto en minería y asegura que la cohesión social en torno a la defensa del páramo de Santurbán, el trabajo conjunto de la institucionalidad local con la comunidad, incluidos los municipios del páramo, los estudios contratados para analizar y destrozar el EIA de Minesa, son un motivo para celebrar.

El experto le contó a Natural Press que el viernes pasado, se hizo una presentación  de los estudios de Hidrología e hidrogeología desarrollados por un equipo técnico multidisciplinario que la Empresa de Acueducto Metropolitano conformó para analizar en su momento  el estudio de Impacto Ambiental desarrollado por Minesa y entregado a la Anla para su evaluación.

“Minesa y algunos expertos promineros dicen que no hay conectividad de las aguas del páramo, es decir, de las aguas que nacen páramo arriba, con las aguas abajo, y que por tanto donde va a quedar la mina no se van a afectar las aguas que sirven en acueductos para más de dos millones de ciudadanos, pero demostramos mediante estudios que no es así”.

Para Pardo la información que se ha generado desde el equipo multidisciplinario se le ha ido entregando a la ANLA para advertir las falencia del trabajo de MINESA en sus estudios.

Se toma con cautela la decisión de la ANLA, se sabe que vendrá un nuevo EIA, pero la gente está unida, la causa trascendió a nivel nacional, y los estudios técnicos independientes son sólidos. Se ganó una batalla, pero sigue la guerra reitera.

En ausencia de estudios de las propias autoridades que permitan confrontar o desmentir los EIA, es la primera vez que se tienen estudios independientes que son concluyentes afirma Luís Álvaro Pardo, en el caso de Santurbán los estudios fueron financiados por las autoridades locales y eso es muy importante según el investigador, porque pone de claro que el Gobierno no puede entregar licencias ambientales basadas solo en la información de las mineras o petroleras, “y si no los tienen, pues las autoridades locales deben financiarlos para demostrar que mucha de la información de los EIA es manipulada o mentirosa, concluye enfático el economista investigador de temas mineros.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”10162″ img_size=”full”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text text_larger=”no”]Por su parte el Abogado experto en Derecho Ambiental y Consultor de Comunidades Rodrigo Negrete, hace un análisis de la decisión tomada por la Anla.

“Yo no puedo negar que sin duda hay un proceso muy importante en el que el país entero ha estado volcado por la defensa del páramo y la alta Montaña de Santurbán, pero no debemos ser ilusos en pensar que con toda la inversión por parte de la empresa, el presupuesto que han invertido, la cooptación de gobernadores, alcaldes y todas las donaciones que han hecho sencillamente el proyecto murió y se va a archivar”. Afirma Negrete.

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Para el experto en derecho ambiental el archivo del proyecto permite que se pueda desarchivar o hacer una nueva solicitud de licencia para el mismo proyecto, mientras que si se niega la licencia ambiental, el proyecto moriría y si la empresa solicita una nueva evaluación sobre el mismo proyecto minero, tendrá que negarlo por considerarlo improcedente, asegura el abogado.

Negrete insiste en “no querer demeritar que hay una conquista social y la gente se ha unido, pero definitivamente la ANLA se amparó en una regla procedimental para archivar un proyecto asociado a deficiencias del estudio pero no hay una decisión de fondo y se está dejando la puerta abierta” explica Rodrigo Negrete.

El abogado se pregunta ¿Por qué la ANLA no niega la licencia ambiental? y se ampara en el decreto 1076 de 2015 que le permite archivar el proceso. “Si la empresa ya entregó información complementaria y no esta completa, ninguna norma le impide negar la licencia ambiental y matar el trámite afirma el experto.

Y concluye diciendo que la decisión de “archivo”  de la evaluación de impacto, “puede  desactivar” el reconocimiento de los 3eros intervinientes y las solicitudes de audiencias públicas. Incluso, la acción popular, por lo que considera que las comunidades deben mantenerse en alerta.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”10164″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]Juan Camilo Sarmiento abogado del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, en conversación con Natural Press aseguró que ”tienen la firme convicción de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales posee las facultades jurídicas y tienen las evidencias científicas y técnicas que han sido aportadas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la sociedad civil para negar de pleno la licencia ambiental y abstenerse de tramitar nuevos licenciamientos ambientales sobre la alta montaña de Santurbán y sobre la subcuenca del río Suratá que abastece de agua el Área Metropolitana de Bucaramanga que se encuentra en riesgo de desabastecimiento”.

El interés sobre la protección del agua y la cuenca abastecedora por parte del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la alcaldía y el Área Metropolitano de Bucaramanga junto con el Acueducto Metropolitano de la capital del departamento de Santander,  han adelantado estudios técnicos y se han dedicado a recoger material probatorio que demuestra el impacto de la actividad minera a gran escala en esa zona del país y sobre la alta montaña que abastece de agua a toda un área metropolitana asegura Sarmiento.

Las pruebas como dice Juan Camilo Sarmiento, no sólo han sido aportadas a la ANLA, también han sido entregas al Tribunal Administrativo de Santander a través de una acción popular que han preparado con un gran equipo de abogados a nivel nacional e internacional, demanda que fue presentada y que está en estudio, buscando una solución de fondo a la problemática de Santurbán para que finalmente se declare como zona de exclusión de la minería a gran escala con todas las pruebas y soportes que indican que esa área tiene una especial importancia ecológica y por ende este tipo de actividades no deberían permitirse ahí ,afirma el abogado.

Por eso para Juan Camilo Sarmiento, la decisión de la ANLA es bastante lesiva, porque faculta a la empresa para que solicite en cualquier momento el desarchivo del proceso y continúe el trámite del licenciamiento al proyecto de explotación minera en Soto Norte Santander.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de la noticia por la decisión de la ANLA de archivar el proceso, el Consejo de Estado negó una acción de tutela que pretendía suspender el proceso de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán en un ejercicio virtual desarrollado por el Ministerio de Ambiente con las comunidades del área de influencia del proyecto.

La tutela fue presentada teniendo en cuenta que las comunidades se sienten excluídas al no haber sido consultadas de forma presencial sobre la delimitación del páramo y consideran que  las dificultades por falta de computadores, acceso a internet y grado de escolaridad limitaría el proceso que se quiere adelantar.

La corporación determinó que si bien no se violaron los derechos de las comunidades al definir un procedimiento alternativo de participación en medio de la nueva normalidad por la pandemia, el Tribunal Administrativo de Santander aseguró que se debe velar para que en el curso del procedimiento se garantice el derecho a la participación ciudadana.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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