Los Nukak condenados a la extinción

Fue apenas en 1988 cuando el mundo conoció de la existencia de los Nukak Makú, la última etnia indígena nómada contactada en el país. Una gripa acabó con cerca del 40% de su población en apenas cinco años de contacto con lo que algunos llaman “la civilización”. Esa misma civilización de los no-indígenas que llenó sus 980 mil hectáreas de resguardo con minas antipersonales, cultivos de coca y palma africana, esa misma civilización que los ha sometido a la colonización rampante y al fuego cruzado durante décadas, entre paramilitares, guerrilla y fuerzas del estado colombiano. Los Nukak condenados a la extinción.

Sus mujeres han sido víctimas de abuso sexual y han sido prostituidas, enfermedades como la malaria y el paludismo han hecho estragos en su población. También han sido condenados a dejar su estilo de vida nómada para estar confinados en pequeñas áreas que no les permiten abastecerse de alimentos, por tanto sus niños padecen desnutrición y sus jóvenes han sido obligados a trabajar como ‘raspachines’ en los cultivos de coca e inducidos a la drogadicción y el delito.

No sólo los cultivos coca, o los de palma que Fedepalma no reconoce, son los problemas de esta población indígena, también los incendios forestales que de manera muy efectiva y veloz abren camino para las carreteras y la potrerización de la amazonía.

Hordas de nuevos colonos acaparadores de tierras, quienes cobran más de un millón de pesos por hectárea de selva devastada se llenan los bolsillos a costa del estilo de vida de la tribu más recientemente contactada de la amazonía, pues la selva no se incendia por pocas hectáreas, son más de 300 mil hectáreas las que han sido devastadas, según cifras de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo que lidera Rodrigo Botero y que inducen a pensar que los Nukak están condenados a la extinción.

El director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, afirma que estamos en un país en el que “también hay un problema cultural enorme, hay una xenofobia brutal, cada vez más exacerbada a nivel local, el desprecio por lo indígena es muy fuerte, las comunidades colonas, campesinas, los centros, mal llamados, urbanos de estos departamentos son cada vez más enclaves de migrantes que entran desconociendo las culturas locales y eso se expresa en esa forma de relacionamiento con el territorio Nukak y con los mismos miembros de esa comunidad indígena”.

Lamentablemente esa xenofobia y la falta de entendimiento por esa Colombia Pluriétnica y Milticultural de la que habla la Constitución Política, se expresa en abusos sexuales que sufren las mujeres Nukak, la depredación territorial, el desplazamiento forzado, pero sobre todo la transformación cultural que están sufriendo las nuevas generaciones conducidos hacia los caminos de la delincuencia y la drogadicción con imposibilidades de generar retornos seguros y todo esto acompañado de la incapacidad institucional para propiciar las garantías del cumplimiento de los derechos de esta población indígena tienen a los Nukak condenados a la extinción.

El resguardo Nukak, esa área determinada por el estado como refugio para que esa comunidad indígena seminómada transite libremente desarrollando sus actividades naturales de vida, se amplió en 1996, han pasado 25 años desde que se tomó esa decisión y no han sido suficientes para llevar a cabo un  proceso de alinderamiento y de reconocimiento de derechos adquiridos de tres veredas que había dentro del resguardo Nukak.

“Esa ha sido la incubación de un conflicto, ya no de tres veredas, hoy ya es de cinco veredas, ya no de un pequeño grupo de colonos campesinos, ahora es un conflicto que se tiene con grandes fincas, de grandes inversiones, carreteras, tendidos eléctricos, puestos de salud, escuelas, es decir, acá se configura un aspecto que se llama ‘confianza legítima’, es cuando el estado ha hecho una intervención que garantiza las expectativas de aquellos que están allí, entonces esas personas van a decir ‘perdón, pero si durante todas estas décadas, el estado me ha construido una carretera, una escuela, un puesto de salud, tendidos de electricidad, lo que me está diciendo es que tengo derechos sobre esta área’, entonces el tema es muy complejo”, afirma Botero García.

No sólo Los Nukak condenados a la extinción son víctimas de la inconsistencia y nebulosidad estatal, los campesinos que son objeto de derechos adquiridos porque el estado se los ha concedido a través de la construcción de infraestructura, son atormentados por la situación, el director de la FCDS afirma que “la Agencia Nacional de Tierras ha dicho que los campesinos manifiestan que tienen títulos sobre sus propiedades, pero en muchas ocasiones lo que tienen son acuerdos de carta-ventas notariados que no constituyen un derecho legal, lo que significa es el registro de una transacción informal, de buena fe pero informal sobre un territorio que no es de ellos. Es decir, a los indígenas los tumbaron, a los campesinos los tumbaron y a los demás colombianos nos tumbaron”.

Pero la mutación de propietarios ha sido otro de los aspectos que aqueja con agravar la situación, pues la mayoría de los campesinos que tenían derechos originales, en su gran mayoría ya no están, han vendido, no se sabe si por voluntad propia en todos los casos y los propietarios actuales de esas tierras han hecho crecer la extensión de los predios de una forma expnencial, algunos de los casos han crecido hasta el dos mil por ciento, hay un caso que lo refleja claramente, “había una finca que tenía, hace 20 años, 150 hectáreas, hoy tiene más de tres mil”, manifiesta Rodrigo Botero.

A este crecimiento exponencial, delincuencial y desbordado se suma la ganadería, en Colombia no existe actualmente una legislación que permita saber quién y por qué tiene determinada cantidad de animales dentro de un resguardo en un área que está siendo invadida. Y a pesar de todas las afectaciones y consecuencias ampliamente conocidas, tampoco parece haber una coordinación entre las diferentes entidades del estado para conocer los nombres de los propietarios de aquellos predios que ‘le corren la cerca a la biodiversidad’ y por supuesto, tampoco se adelantan procesos legales en su contra.

A pesar de que falta que el gran aparato estatal se coordine para ejercer soberanía sobre un territorio despreciado desde la sociedad en general y que la población Nukak es igual de despreciada por sus compatriotas colombianos, a pesar de las inmensas presiones por parte de grupos e individuos que desde la ilegalidad ejercen autoridad ante la ausencia de políticas integrales manadas desde el gobierno central, la autoridad ambiental regional ha abierto 12 procesos de investigación en contra de deforestadores y transgresores de la ley.

Es incierto dónde llegarán esos procesos investigativos, si ellos concluyan en procesos sancionatorios ambientales cuyas consecuencias en muchos casos sean multas pecuniarias que en casi todas las ocasiones los infractores pagan gustosos, pues son muy inferiores a las utilidades obtenidas producto del ilícito ambiental, es decir, muchas veces es más rentable financieramente, en Colombia, delinquir y pagar las multas que cumplir la ley.

“La visión de aquellos que hemos sido llamados los ‘Talibanes Verdes’, es intergeneracional, es integradora e incluyente, por eso podemos partir de hablar de los Nukak, pero ahora vamos entendiendo que proteger este territorio es un beneficio colectivo, tiene varios elementos que cambian paradigmas sobre los cuales se basa la conversación, no se trata de un gobierno de turno, ni de un partido político, ni de un grupo armado, ni de una economía en específico, no, es de todo, es por eso que esta situación debe servir como un llamado a todos los actores en Colombia reflexionemos sobre todo lo que nos estamos jugando”, concluye Botero García. Es profundamente dolorosa la realidad, Los Nukak condenados a la extinción.