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¿Gobierno de Colombia al servicio de las Mineras?

El instrumento que el Gobierno necesitaba para abrirle la puerta en firme al desarrollo de alto impacto en dos regiones con vocación para la conservación y el desarrollo sostenible, lo facilitó el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 110 del 28 de enero de 2022 en medio de una polémica, al activar, no solo los desarrollos viales paralizados por los permisos de sustracciones de áreas de reservas de Ley 2da y aprovechamientos que no se habían movido en años, también actividades mineras en el rico Chocó biogeográfico y la Región del Piedemonte Amazónico ubicada al suroccidente del país, dos de las regiones más fecundas y conservadas de Colombia y ‘hotspots de biodiversidad’ de importancia global. Todo esto nos hace cuestionar si tenemos al gobierno de Colombia al servicio de las Mineras.

“Nuestra preocupación es que esta Resolución se convierte en un mecanismo para acelerar y dinamizar la deforestación”,  le aseguró a Natural Press un académico, ambientalista y líder de una Organización No Gubernamental presente en la región Amazónica que prefirió mantener su nombre en reserva.

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Según analiza el académico, “la resolución facilita que las empresas que quieren desarrollar actividades que antes estaban prohibidas sobre las áreas de reserva de Ley 2ª, reservas protectoras nacionales y regionales simplemente lo hagan. Si entran y no encuentran palos (bosque), siguen adelante en su proceso y simplemente le informan al MADS, lo que también favorecería la deforestación sobre áreas de reserva para no hacer procesos de sustracción”. Por un lado, la Resolución permite desarrollar actividades sobre áreas de reserva que antes estaban prohibidas y ahora facilita que entren sin permisos y seguimiento al no encontrar bosque en los lugares destinados para los proyectos, explicó la fuente.

Adicional a lo anterior, esta Resolución sirve como uno de los mejores dinamizadores de la deforestación, pues en caso de que sí haya bosque en pie, se puede presentar el fenómeno, recurrente en el Guaviare, que consiste en quemar y deforestar extensas áreas exonerando las zonas degradas de procesos de sustracción de áreas de reserva, un proceso en el que vienen trabajando varios gobiernos para favorecer y agilizar el desarrollo de actividades extractivas. Es por esto que la pregunta sobre si tenemos un gobierno de Colombia al servicio de las mineras es recurrente.

Deforestación en la Amazonía.
Deforestación en la Amazonía.

¿Qué dice la Resolución?

La Resolución “Por la cual se establecen las actividades, requisitos y procedimientos para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones”, detalla las condiciones y requerimientos para sustraer de forma temporal o definitiva las zonas de reservas forestales establecidas mediante la Ley 2ª  de 1959 y de áreas de reservas forestales protectoras y productoras.

El documento publicado y firmado por el viceministro de Políticas de Normalización Ambiental Francisco José Cruz Prada del MADS, es claro en asegurar que la sustracción está dirigida al desarrollo de actividades como “la  exploración sísmica que requieren la construcción o el mejoramiento de accesos viales, los proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y su infraestructura asociada, los estudios, trabajos y obras de exploración minera en etapas tempranas que se realicen por métodos de subsuelo necesarias para establecer y determinar la existencia y ubicación de mineral o minerales” y el desarrollo de proyectos de interés nacional facilitando el camino de la industria extractiva olvidándose de la conservación y el desarrollo sostenible de áreas sensibles de un país biodiverso como Colombia.

Donde no hay bosque entra el desarrollo sin pensar en los compromisos de restauración de las áreas de reserva del país, una propuesta que se viene oficializando desde el mismo Ministerio de Ambiente hace ya varios años.

La minera canadiense Rugby, interesada en los recursos del Chocó, lo interpreta en una comunicación pública de un gobierno de Colombia al servicio de las mineras.

¿Quién podría pensar que para perforar la selva, no se necesite sustraer parte del bosque donde se llevaran a cabo los procesos exploratorios?

Sorprendentemente así lo determina la Resolución 110, preocupa que sobre algunas actividades ya no haya necesidad de sustracción de área de reserva, las actividades de prospección minera (o búsqueda de minerales basándose en estudios geológicos), por ejemplo, al no ser actividades económicas que no impliquen un cambio en el uso del suelo, a pesar de generar considerables impactos ambientales.

En el caso anterior el suelo aparentemente sigue siendo para uso sostenible y conservación pero en realidad el desarrollo de una actividad minera exploratoria si está cambiando su vocación inicial y generando impactos que deberían ser sujeto de seguimiento ambiental en su etapa exploratoria.

Francisco Cruz Prada, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y quien firmó la Resolución así lo confirma. “Si se puede hacer minería con una serie de requisitos en la Reserva Forestal Protectora de Ley 2ª  de 1959 que está distribuida en varias zonas del país”.

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El viceministro Cruz Prada, quien habría sido secretario de ambiente para Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, explica que para la explotación de minerales se necesita cumplir con dos requisitos que son la sustracción del área de reserva y la licencia ambiental. Pero con respecto a la exploración, el Viceministro aclara que según la nueva Resolución se puede explorar en las áreas de Ley 2ª  siempre y cuando “no corten árboles, no generen fragmentación de bosque y no haya cambio del uso del suelo”, aseguró en declaraciones entregadas al programa “Sigue la W” de W Radio en Colombia.

“Nuestra prioridad es la protección de la Amazonía y nosotros no vamos a permitir que ningún proyecto en la Amazonía colombiana corte un sólo árbol” agregó Cruz Prada en Sigue la W.

Proyecto de Exploración Mocoa de Libero Copper. Foto Libero Cooper.
Proyecto de Exploración Mocoa de Libero Copper. Foto Libero Cooper.

Pero las empresas han manifestado la facilidad que ahora tendrán de poder llevar sus procesos exploratorios a cabo sobre territorios con vocación para la protección y conservación. “Y es que desde la Ley 685 del Código de Minas, las empresas ya no necesitan licencias exploratorias, se les facilitó el proceso y a eso se suma esta nueva resolución” asegura Rodrigo Negrete experto en derecho ambiental.

El Viceministro reiteró que en parques nacionales, páramos y reservas protectoras no se pueden hacer exploraciones ni explotación de minerales, sin embargo el proyecto de Libero Cooper que acaba de iniciar exploraciones en las frágiles montañas de Mocoa Putumayo, está ubicado sobre la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM), lugar en el que según el Viceministro no se podría explorar.

Cabe recordar que fue Francisco Cruz Prada como Secretario de Ambiente de la administración de Enrique Peñalosa, quien a través de una polémica decisión permitió modificar la Política de Humedales del Distrito de Bogotá a través del Decreto 565 de 2017 que permitiría el desarrollo de obras duras de infraestructura sobre áreas protegidas en suelos de vocación para la conservación. Una tradición de vieja data en la generación de impactos ambientales desde las instituciones diseñadas para velar y proteger los recursos naturales.

El principio de legalidad de una resolución que debe ser anulada

Para el experto en derecho ambiental Negrete Montes, la Resolución 110 de 2022 del MADS desconoce el principio de legalidad al establecer un procedimiento que le corresponde al Congreso de la República. Por cuanto no existe ninguna ley que faculte al referido ministerio para expedir dicha regulación, “el Ministro de Ambiente ha suplantado las funciones del Congreso de la República y se ha extralimitado en sus funciones”. Según el jurista, no le corresponde al Ministerio modificar una Ley de la República. El gobierno de Colombia al servicio de las mineras incluso si es necesario usurpar y atribuirse funciones del legislativo.

Para referirse a los procesos de sustracción consignados en la Resolución, Negrete afirma que “la sustracción puede ser temporal o definitiva, pero la ley no faculta al Ministerio para determinar en qué casos procede cada una, eso es del resorte del Congreso de la República. No se permiten actividades mineras en áreas de reserva forestal protectoras (nacionales y regionales), ni se pueden sustraer para esos fines. El MADS omite esta precisión en la resolución 110, de manera que está dejando esa puerta abierta, modificando la ley”.

El caso de Libero Cooper en Mocoa

La publicación de la Resolución 110 coincide con el proceso exploratorio que en este momento desarrolla la minera canadiense Libero Cooper (Libero Cobre) quien pretende sustraer el bosque y abrir tajos en un bloque de 8.000 hectáreas con un potencial de más de 636 millones de toneladas de cobre y molibdeno, ambos minerales depositados a 1.000 metros de profundidad en el corazón de una elevación ubicada a 10 kilómetros de Mocoa.

La multinacional asegura en un reporte técnico del proyecto publicado en septiembre de 2021 que “sobre la parte occidental del yacimiento se ubica una Reserva Forestal Regional”, refiriéndose a la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM), un área protegida de importancia nacional declarada desde 1984 para el establecimiento y utilización racional de áreas forestales protectoras de agua.

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No solo pesa sobre la Reserva la declaratoria del antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA y el actual reconocimiento de Parques Nacionales Naturales por su importancia nacional, también un Acuerdo Municipal suscrito con el Concejo del Municipio de Mocoa desde 2018 que asegura, “prohibir en la jurisdicción del municipio el desarrollo de actividades mineras de metales y la gran y mediana minería de los demás minerales” en la que está incluida la Reserva Forestal Protectora de la Cuenta Alta del Río Mocoa. Todo esto no es suficiente y de nuevo surge la pregunta sobre si está el gobierno de Colombia al servicio de las mineras como Libero Cooper.

Este acuerdo municipal se promovió, firmó y entró en vigencia pocos meses después de la tragedia de Mocoa con el objetivo de proteger las montañas de una actividad que puede afectar la estabilidad de las mismas generando inestabilidad y posibles deslizamientos catastróficos.

Campamento de Exploración de Libero Copper en Mocoa. Foto. Libero Copper .
Campamento de Exploración de Libero Copper en Mocoa. Foto. Libero Copper .

Para la empresa al parecer no hay grandes obstáculos, en el mismo informe afirma que “Libero cree que obtendrá acceso a la Reserva Forestal con fines mineros como parte del proceso de obtención de permisos ambientales. Este tipo de concesiones para proyectos mineros no son inusuales” y finaliza explicando lo que podría ser un revés para el proyecto si desde el Gobierno Nacional no dan los permisos para sustraer el área de reserva.

“Sin embargo, si el gobierno colombiano decide no otorgar acceso a esta área, esto restringiría significativamente el tamaño de la cubierta del pozo que limita los recursos y el tamaño del recurso mineral. Cuando el tajo que limita los recursos es restringido por la invasión de la Reserva Forestal, la estimación de recursos minerales se reduce a 325 millones de toneladas que es una reducción del 50% en el tonelaje de recursos en comparación con el caso base”, aseguró la empresa canadiense.

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Y aunque el Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del MADS aseguró en Sigue la W que no se podría hacer ningún tipo de actividad minera en una reserva protectora, la Resolución abre la posibilidad de hacer exploración en ellas y usarlas en caso de no encontrar bosque en pie. Lo cual podría traducirse en la perversa fórmula: ‘queme, deforeste, devaste, luego compruebe que es un área sin bosque en pie y finalmente, proceda con la actividad de su preferencia, ya sea ganadería, hidrocarburos, minería o infraestructura vial’. Lo cual se traduce en que esta resolución y las facilidades que otorga el gobierno nacional son uno de los mejores dinamizadores de la deforestación en Colombia.

Dadas las condiciones, en el sitio al que se llega por vía área o caminando por una trocha de 4 km y que llega hasta la cumbre de la montaña, ya tiene un campamento en medio de la biodiversa selva húmeda productora de agua a la que suben en helicópteros el material necesario desde hace varias semanas para perforar la montaña repleta de minerales y sobre la que ya se viene haciendo una inmersión y trabajo comunitario desde 2021.

Esta es una de las cinco perforaciones que se harán sobre las montañas de Mocoa. Foto Libero Copper.
Esta es una de las cinco perforaciones que se harán sobre las montañas de Mocoa. Foto Libero Copper.

Una Comunidad en desacuerdo

“La comunidad pide respetar el acuerdo municipal que le dice no a la minería en Mocoa. La multinacional extranjera insiste en su desacato del acuerdo municipal que ha sido respaldado por otros entes de justicia del orden nacional” afirma Sigifredo Arciniegas Erazo, Presidente de ASOCJUNTAS Mocoa en una carta enviada a la multinacional recientemente y en la que solicitan el cese de las actividades que hoy realizan en el Proyecto Mocoa.

Para las juntas comunales presentes en la zona de exploración, la minería es una actividad insostenible que va en contravía de la vocación de conservación de la región Amazónica, por eso se preguntan, ¿está el gobierno de Colombia al servicio de las mineras?

Pero, para la empresa, el aporte de la actividad al desarrollo responsable y ambiental en la región y el trabajo comunitario se vienen haciendo de forma efectiva y transparente aunque ASOCJUNTAS Mocoa alega no conocer el proyecto y que sus comunidades hayan recibido socialización del mismo.

Miembros de la comunidad de Montclar vereda ubicada en el área de influencia del proyecto, aseguran que personas aisladas de distintas comunidades se han reunido con la empresa pero para ellos esas pocas reuniones no son consideradas como socializaciones. Pero Libero asegura todo lo contrario.

La multinacional afirma que el 87% de la fuerza laboral es local y generaran empleo para 400 personas durante los cinco años que dure el proceso exploratorio.

Suspender el programa exploratorio de la multinacional es el deseo de la administración municipal, su Alcalde John Jairo Imbachi, solicitó a la minera lo mismo, suspender sus actividades en el territorio respetando el acuerdo municipal y en caso de no hacerlo advirtió que se verá obligado a tomar acciones policivas y administrativas en su contra.

Sin embargo, la empresa ha dejado saber que de acuerdo con la normatividad vigente el proyecto exploratorio no está sujeto de evaluación o aprobación por parte de la autoridad ambiental. “Así mismo, en función de la naturaleza de las actividades planeadas y el estado actual de nuestro proyecto, no se requiere la solicitud de licencia ambiental”.

Para la comunidad el proyecto exploratorio sobre montañas nuevas geológicamente representa riesgos por avenidas torrenciales como las que se han presentado en los últimos cinco años y contaminación del agua, aunque la empresa asegura que hará todo bajo la reglamentación que le exige el país.

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“En esta zona hay muchos afluentes que desembocan en el río Mocoa, contribuyente del río Caquetá y a su vez del Amazonas, que abastecen los acueductos veredales y uno de los principales temores que tenemos como comunidad es la contaminación que puede producir la actividad minera” le aseguro Mauricio Fajardo, miembro de la comunidad de Mocoa y director del medio de comunicación, Mirador del Putumayo, a Natural Press.

La estrategia es clara, el abandono del gobierno nacional a este tipo de territorios marginados y desprotegidos es utilizado como terreno fértil por estas empresas que llegan a manos llenas a repartir dádivas y a comprar voluntades ciudadanas.

Fajardo asegura que Libero Copper ha llegado con regalos, apoyo a organizaciones, deportistas, artistas y eso ha ayudado a cambiar la percepción que tienen de la empresa además de la generación de empleo entre la comunidad y las promesas de obras. “Hace varios meses hicimos un sondeo de opinión y el 96% de la población dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto de exploración y en diciembre hicimos otro y ya estaba en 94% la aprobación”.

Para varios miembros de la Vereda Montclar la multinacional usa sus “artimañas” para conseguir lo que quieren. “Ellos tienen un músculo financiero gigantesco y sin ser claros han llegado a comunidades, veredas, asociaciones y comunidades indígenas con patrocinios y proyectos y muchos terminan vendiéndose” aseguran. ¿Será este músculo financiero lo que provoca que esté el gobierno de Colombia al servicio de las mineras?

Hoy, “algunos miembros de la comunidad y la empresa están trabajando de la mano realizando su propio plan de obras y desarrollo”, afirma Mauricio Fajardo quien también manifiesta que el único representante del estado colombiano “que está en desacuerdo con el proyecto es el Alcalde, pero el Gobernador y especialmente Corpoamazonía, autoridad ambiental del departamento, han guardado silencio y no le han dado la cara a la comunidad aun conociendo su desacuerdo”.

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La comunidad de Montclar se refiere a la autoridad ambiental como “alcahueta”. “Podríamos decir que Corpoamazonía es parte de Libero Copper, han trabajado con ellos y les han facilitado todos los permisos para que puedan desarrollar sus actividades. Su Director nunca nos ha dado la cara aún cuando hay un acuerdo municipal que prohíbe la minería en nuestro territorio”, según esta afirmación de la comunidad la pregunta sobre si está el gobierno de Colombia al servicio de las mineras, podría extenderse a otras entidades del estado.

A la comunidad ahora la mueve el miedo de perder la calidad del agua que abastece sus acueductos y el temor de avenidas torrenciales futuras como las de los últimos años, pero ¿Qué dicen los expertos en geología?

Uno de los más prestigiosos Geólogos en el país analiza la situación y advierte sobre el inminente peligro que representa la intervención de esta área productora de agua y reserva de biodiversidad.

Minería en Putumayo

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