Protestas en el Hatillo por crisis humanitaria

[vc_row][vc_column][social_buttons style=””][vc_column_text text_larger=”no”]La suspención del reasentamiento en zona minera del departamento del Cesar como consecuencia del abandono del proceso de las empresas mineras, Colombian Natural Resources CNR Y PRODECO, tiene en crisis humanitaria a la población de El Hatillo ubicada en el Paso Cesar y quien desde el año pasado, viene denunciando la situación por la que atraviesa la comunidad.

Desde hace dos días las mujeres, madres cabezas de familia de la vereda El Hatillo, se movilizaron bloqueando la vía de acceso de la empresa palmera PALMAGRO como una medida de presión para solicitar  una respuesta a la crisis humanitaria que atraviesan según información de la organización Pensamiento y Acción Social PAS.

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La noche de ayer, según el relato de miembros de la comunidad, un escuadrón del ESMAD entró a la población y con el fin de disolver la protesta, lanzó gases lacrimógenos en presencia de niños que acompañaban a sus madres y como resultado de los disturbios se generó un incendio en área natural de la empresa PALMAGRO.

En un audio dado a conocer por la Organización PAS, garante del proceso de reasentamiento, se escucha a una mujer en medio de la protesta que afirma: “ Hay niños y adultos mayores, los que están al lado de la carretera se están viendo afectados por los gases, hay gente enferma que está afectada por los gases lacrimógenos pero, no nos vamos a dejar”, aseguró.

Las comunidades del Hatillo en medio de la crisis por la falta de alimentos y oportunidades laborales, también reclaman la presencia de la Gobernación del Cesar que en el pasado Comité Operativo sobre el reasentamiento realizado el 25 de febrero se comprometió a gestionar una solución inmediata a la crisis por seguridad alimentaria que se vive en la población.

Como parte de los acuerdos con las empresas mineras, las poblaciones asentadas en el área de contaminación por minería en el Cesar que hacían parte del proceso de reasentamiento  eran apoyadas a través de un banco de alimentos que aseguraba parte de la alimentación de las comunidades.

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Desde el mes de octubre de 2020 cuando la empresa CNR se declaró insolvente y posteriormente PRODECO en medio de la crisis por el COVID 19 y la situación mundial que atraviesa el carbón, solicitó a la Agencia Nacional Minera entregar sus títulos y suspender su actividad en el Cesar, ambas empresas se pararon de la mesa y el proceso de reasentamiento se paralizó con la congelación de los recursos económicos depositados en una fiducia.

Después de 10 años de negociaciones y justo cuando la comunidad del Hatillo constituida por más de 200 familias logró negociar con las mineras, la suspención del proceso generó que la población entrara en crisis. El apoyo alimentario y un subsidio de 300.000 pesos por familia entregado como parte de plan de transición del reasentamiento aunado al desempleo del 50% de la población del Hatillo, ha desatado la peor crisis de los últimos tiempos de la pequeña población del Paso Cesar, afectada por la contaminación atmosférica, la perdida de sus ríos, la falta de agua potable, salud y servicios básicos en general.

La comunidad viene haciendo un llamado al Gobierno Nacional a través del diálogo y la protesta pacífica pero no han obtenido una respuesta inmediata a la grave crisis y el abandono al que  han sido  sometidas por años de presencia de las mineras en el territorio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space woodmart_hide_large=”0″ woodmart_hide_medium=”0″ woodmart_hide_small=”0″ woodmart_hide_extra_small=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5706″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space woodmart_hide_large=”0″ woodmart_hide_medium=”0″ woodmart_hide_small=”0″ woodmart_hide_extra_small=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

Los acuerdos para el reasentamiento

En el Comité Técnico liderado por la ANLA el pasado 25 de febrero como estrategia de seguimiento, la comunidad del Hatillo afirmó que desde el año 2010, momento en el que se decidió reasentar a las comunidades de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón a través de la Resolución 0970 de 2010 por los altos niveles de contaminación atmosférica y la pérdida de recursos necesarios para su subsistencia, se han realizado sólo tres comités operativos, a pesar que debía celebrarse uno por año.

En la actualidad de 206 familias que deben ser reasentadas en el corregimiento de El Hatillo, sólo 13 se reasentaron y 104 suscribieron el contrato para un futuro proceso y de acuerdo a los compromisos acordados con la comunidad sobre el desarrollo de proyectos productivos, no ha habido un cumplimiento total, afirma la comunidad y es evidente la carencia de medios de vida y subsistencia en la deprimida población de El Hatillo.

La ANLA ha venido proponiendo que se busque una vía jurídica y técnicamente viable que permita individualizar las obligaciones relacionadas con el reasentamiento en cabeza de las sociedades y no depender únicamente del proceso de reorganización para poder continuar con el proceso.

El Director de la ANLA Rodrígo Suárez Castaño en reunión con la comunidad del Hatillo, le propuso a las empresas no esperar que se emita un acto administrativo por parte de la ANLA, si se identifican oportunidades para dinamizar y cumplir de manera individual.

Natural Press habló con Rodrígo Suárez Castaño quien aseguró que desde 2010 la obligación de reasentamiento quedó consignado en la resolución como una obligación compartida, sin embargo “vemos que las velocidades de actuación de las tres empresas parecieran diferentes y en ese sentido buscaremos individualizar las obligaciones para cada una de las empresas y con eso  esperamos que se dinamice el ejercicio de reasentamiento”, aseguró el alto funcionario.

Frente a una nueva sanción por incumplimiento de las empresas que ya en el año 2018 fueron multadas por más de 5.000 millones de pesos por parte de la ANLA, su Director aseguró que desafortunadamente no pueden poner sanciones sobre algo ya sancionado. “Estamos buscando mecanismos para que se logre el reasentamiento en el Hatillo y Plan Bonito, pero la apuesta es individualizar las obligaciones para que se inviertan los recursos nuevamente”, acentuó.

Por el momento las actuaciones de las autoridades que tienen responsabilidad en el proceso no resuelven la crisis que vive la población por lo que se tendrán que tomar nuevas medidas y la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de El Paso y las Empresas mineras tendrán que responder por la población sobre la que no se han hecho inversiones de fondo que solucionen su situación, esperando el proceso de reasentamiento desde hace más de 10 años.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space woodmart_hide_large=”0″ woodmart_hide_medium=”0″ woodmart_hide_small=”0″ woodmart_hide_extra_small=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5708″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space woodmart_hide_large=”0″ woodmart_hide_medium=”0″ woodmart_hide_small=”0″ woodmart_hide_extra_small=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

La posición de las mineras

Dos de las compañías mineras actualmente han declarado su deseo de seguir con el proceso de reasentamiento pero como en el caso de DRUMMOND, su representante   Juan Pablo Arteaga Gerente de Responsabilidad Social Corporativa en Drummond,   aseguró ante el comité de seguimiento que la sociedad reconoce que hubo inconvenientes en el cumplimiento de los programas desde antes que se declarara la pandemia, pero consideran que han dado cumplimiento a sus obligaciones económicas, e Indican que están a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades para poder hacer uso de los dineros de la fiducia.

Los recursos de las mineras para el proceso fueron congelados por la Superintendencia de Sociedades cuando la empresa CNR se declaró en insolvencia y como una forma de proteger los dineros aportados por las tres mineras, estos fueron congelados.

PRODECO aseguró que, independientemente de la devolución de los títulos mineros de la empresa cumplirán con el reasentamiento. Por su parte Juliana Ocampo de CNR afirmó que el porcentaje en el proceso de reasentamiento está dentro de las acreencias del proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, pero hasta tanto se culmine no es posible dar cumplimiento a los compromisos, razón por la cual es clave que las empresas puedan cumplir de forma individualizada.

La situación ha sido tan crítica para las comunidades que en el pasado comité, aseguraron que, “de no darse cumplimiento al reasentamiento conforme al PAR, exigirán censos actuales y tomarán acciones legales por la vulneración al derecho a una vida digna y a la salud. A su vez, interpondrán denuncias ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos  y demandarán a las empresas por el incumplimiento de los contratos”.

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